“El presidente de la Comisión de Justicia es quien decide, pero espero que en el siguiente paquete de iniciativas que van a turnarse, que pienso será en noviembre, ya se ponga a consideración la de adopción para que antes de que termine este periodo se vote en el Pleno del Congreso del Estado; creo que es un tema que urge y hay mucha presión social”, expresó la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Milagros Romero Bastarrachea, sobre la iniciativa presentada por su fracción parlamentaria que incluye, entre otras cosas, acortar el tiempo de adopción de un niño, niña o joven, en un 50 por ciento del actual que puede llevar hasta cuatro años o más, según se afirma en la exposición de motivos.
Los tres puntos a destacar en la iniciativa presentada el 27 de marzo de 2019, y turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, propone que una adopción se otorgue en un máximo de dos años y un mínimo de cuatro meses; que el proceso que lleva a cabo la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), no sea repuesto por el juez o jueza de turno; y que el Consejo Técnico de Adopción sesione más de dos veces por año, al tiempo que tenga una mayor participación de la sociedad civil.
“Ahora estamos en parlamento abierto para un paquete de leyes, supongo que en el siguiente paquete de iniciativas que va a entrar estará la de adopción; creo que este tema también será sometido a parlamento abierto porque hay gente que está interesada en opinar sobre la cuestión”, abundó la legisladora.
Con relación a que el tiempo de procedimiento de una adopción se acorte sustancialmente, Romero Bastarrachea puntualizó que lo que se busca es dar certeza a los niños “que entre cuatro meses y dos años tengan una familia para que puedan desarrollarse dentro de ella”.
Precisó que la iniciativa también incluye que los jueces no puedan reponer el proceso que ha llevado a cabo la Prodemefa, “a veces la jueza o juez en turno hace reponer todo el proceso, es decir, que se vuelvan a reunir los requisitos y se puede hasta duplicar el tiempo”.
Lo que se pretende es que el proceso ya no se pueda reponer, es decir “que si todo está en orden el juez tenga la obligación de terminar el trámite y que se dé por visto todo lo que la Procuraduría ya acreditó”.