Para darle seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que realiza la procuraduría de los Derechos Humanos (PDHEG) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propusieron la creación de una guía para municipios y Estado.
La diputada Vanessa Sánchez Cordero, aseguró que un mecanismo de este tipo permitirá a toda la administración pública tener criterios claros, uniformes y objetivos para coordinarse efectivamente, compartir información en tiempo real, resarcir el daño causado como se establece a nivel constitucional y en tratados internacionales.
“Será una guía simple que les permita a las autoridades estatales y municipales observar un procedimiento predeterminado, con tiempos, con responsables para su cumplimiento…. esto resultará fundamental para la Procuraduría de los Derechos Humanos, al contar con nuevos indicadores estructurales, de proceso y de resultados, así como elementos que puedan medir el avance del cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones emitidas, a través de los ordenamientos antes mencionados”, enfatizó.
Sánchez Cordero sostuvo que entre el año 1994 al año 2008 la labor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, no tenía impacto constitucional y esto llegó a generar afrentas entre las autoridades estatales y municipales contra este organismo autónomo, ya que las recomendaciones emitidas o no se aceptaban o quedaban pendientes por aceptar.
Sin embargo, dijo que después de esta fecha el porcentaje de aceptación comenzó a subir y ahora la mayoría estas recomendaciones son aceptadas, pero no hay seguimiento a su cumplimiento.
“La creación de estos ordenamientos, pueden ser a través, de lineamientos, reglamentos, disposiciones, o cualquier otro instrumento normativo que permita observar el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones”, añadió.
La propuesta plantea que la guía establezca disposiciones generales, coordinación entre autoridades, procedimientos en materia de información y un apartado de cooperación en materia de coordinación.
Las modificaciones deberán realizarse a la Ley de Derechos Humanos, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para facultar a la Secretaría de Gobierno a dar seguimiento a las recomendaciones y a la Ley Orgánica Municipal en el mismo sentido.