El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para investigar movimientos sospechosos de dinero en cuentas bancarias de servidores públicos, para saber si las operaciones son producto de la corrupción.
Esto en alusión al caso del Magistrado Electoral, José Luis Vargas Valdez, quien habría aumentado sus ingresos en 400 por ciento en tres años.
De acuerdo a una nota periodística, publicada por grupo Reforma, el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo, de 2016 a 2018, grandes depósitos en efectivo de gobiernos estatales y movimientos por 14 millones de pesos en una tarjeta American Express, por lo que el presidente de la República dijo que “si no suena lógico, suena metálico”.
Se comentó que el Magistrado José Luis Vargas impidió que se sancionará la expedición de la llamada “tarjeta rosa” en la campaña del ahora gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, tampoco sancionó la transferencia de varios millones de pesos de la empresa OHL a la causa proselitista del PRI para favorecer a su entonces candidato.
López Obrador dijo que se le tiene que seguir la pista al dinero y que hay cosas que no se pueden ocultar, por mas paraísos fiscales que haya, ya que el corrupto es fantoche y presumido.
“Así como se compran residencias, departamentos en el extranjero, depositan dinero en bancos extranjeros, invierten en fondos del extranjero, pero ahora con el acuerdo que hay entre países para combatir el lavado de dinero es muy difícil que no se sepa y si hay esos movimientos en cuentas de José Luis Vargas, se tiene que investigar”, dijo.
Sin embargo, el Ejecutivo dijo que se tiene que demostrar los presuntos actos de corrupción porque no se pueden utilizar juicios sumarios para desacreditar a personas que no cometieron ilícitos, y en el caso de las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, “hay que ver de qué se trata”.
“Es un buen referente –-en el combate a la corrupción- la cantidad de depósitos o movimientos que se hacen a las cuentas bancarias de algunos servidores públicos, ahí sí, no hay duda de que se trata de actos deshonesto, porque por mucho que gane un funcionario no podría amasar tanta fortuna, y eso no se va a tolerar”, advirtió.